Doce años después, la desaparición de los 43 normalistas sigue sin resolverse
A doce años de la desaparición forzada en Iguala, familias y colectivos mantienen la exigencia de verdad y justicia ante la falta de resultados concretos.
El pasado 26 de septiembre se cumplieron doce años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero. A más de una década de los hechos, las familias de los jóvenes y diversos colectivos de derechos humanos señalan que el Estado Mexicano mantiene una deuda histórica, pues la investigación no ha esclarecido el paradero de los estudiantes ni ha logrado desmantelar la red de complicidad institucional que permitió la tragedia.
Durante los últimos años, la gestión del caso ha transitado por múltiples etapas judiciales y comisiones especiales, sin que hasta la fecha se haya consolidado una resolución definitiva ante la Fiscalía General de la República. Los familiares han expresado reiteradamente su inconformidad con los avances presentados por las autoridades, argumentando que persiste una opacidad en la entrega de información reservada, especialmente aquella relacionada con las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la noche de los hechos en Guerrero.
Por su parte, el Poder Judicial ha enfrentado constantes retos para procesar los expedientes, mientras que las organizaciones civiles advierten que la impunidad prevalece en los tribunales. La exigencia de justicia se ha trasladado nuevamente a las calles de la Ciudad de México y Guerrero, donde los padres de los normalistas insisten en que la verdad no debe ser objeto de negociaciones políticas ni de soluciones administrativas superficiales.
Ante este panorama, la administración federal ha propuesto continuar con los mecanismos de búsqueda bajo una nueva metodología, aunque los representantes legales de las familias han manifestado sus reservas sobre la efectividad de estos procesos. El caso se mantiene como un referente crítico sobre la crisis de derechos humanos en el país, evidenciando los obstáculos estructurales que impiden el acceso a la justicia plena en casos de desaparición forzada.
