Gobierno federal reporta ahorro de 83.8 mil millones en combate a corrupción

En la conferencia de prensa matutina de este miércoles 23 de septiembre de 2026, el Gobierno de la República presentó un balance sobre las políticas de austeridad y fiscalización implementadas. De acuerdo con los informes presentados, las acciones orientadas a la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la integridad institucional permitieron un ahorro acumulado de 83.8 mil millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 4.84 mil millones de dólares.

Los funcionarios detallaron que este resultado es producto de una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto público y la implementación de controles más estrictos en los procesos de licitación y adquisiciones. Asimismo, se informó que los esfuerzos de fiscalización han alcanzado un índice de cumplimiento administrativo del 97.7 por ciento dentro de las diversas dependencias de la administración pública federal.

La estrategia expuesta busca garantizar que los recursos públicos se destinen de manera prioritaria a los programas sociales y a proyectos de infraestructura estratégica. Según lo planteado por el equipo de comunicación social, el objetivo para el cierre del ejercicio fiscal es consolidar estos mecanismos de vigilancia para reducir al mínimo cualquier margen de opacidad en la gestión de los presupuestos asignados a las secretarías de Estado.

Durante el encuentro con los medios, se enfatizó que el fortalecimiento de la integridad es una directriz central para la actual administración. Se destacó que, además de los ahorros financieros, la política de buen gobierno ha permitido mejorar la rendición de cuentas ante los organismos fiscalizadores, asegurando que el uso de los fondos públicos se ajuste a las normativas vigentes del marco legal mexicano.

Finalmente, el equipo de gobierno señaló que continuarán trabajando en la digitalización de trámites y en la simplificación de procesos administrativos para evitar discrecionalidad. Estas medidas, sostuvieron, son fundamentales para mantener la confianza ciudadana y asegurar que la administración de los recursos nacionales siga los principios de transparencia y honestidad que exige el marco constitucional.