Hacienda mantiene estímulo total al diésel y ajusta subsidios a gasolinas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes que, para el periodo comprendido del 3 al 9 de octubre de 2026, mantendrá un estímulo fiscal del 100% sobre la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable al diésel. Esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, busca mitigar la volatilidad en los costos de transporte de carga y pasajeros, sectores fundamentales para la logística nacional.

En contraste con el apoyo total otorgado al diésel, la dependencia federal informó que ajustará a la baja el porcentaje de subsidio destinado a las gasolinas de bajo y alto octanaje. Esta decisión responde a la política de administración de precios que busca equilibrar las finanzas públicas con la estabilidad de los costos finales para los consumidores, evitando incrementos abruptos en las estaciones de servicio del país.

Los estímulos fiscales se determinan mediante una fórmula que considera las referencias internacionales del petróleo y el tipo de cambio, elementos que son monitoreados constantemente por la SHCP. Durante las últimas semanas, los mercados energéticos han mostrado variaciones que obligan a la autoridad hacendaria a recalibrar los apoyos para asegurar que el impacto sea neutral en la inflación general observada por el Banco de México.

La aplicación de estos beneficios fiscales es una herramienta recurrente del Gobierno Federal para contener posibles presiones inflacionarias derivadas de la importación de combustibles refinados. Aunque el estímulo al diésel se mantiene en su nivel máximo, los usuarios de vehículos particulares que utilizan gasolinas Magna y Premium deberán cubrir una mayor proporción de la cuota del IEPS vigente para este ejercicio fiscal.

Se espera que la Secretaría de Energía y la SHCP continúen evaluando el comportamiento de los precios internacionales del crudo y sus derivados en los próximos días. El objetivo central de esta política es mantener la competitividad del sector transportista y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos ante las fluctuaciones de los mercados globales de energía.