Next Energy denuncia ante la FGR al gobierno de Aguascalientes

La empresa Next Energy presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de autoridades del estado de Aguascalientes. La compañía argumenta ser víctima de una persecución sistemática a través de la apertura de cinco carpetas de investigación en contra de Eugenio Javier Maiz, representante de la firma, por supuestos delitos que la empresa califica como falsos y fabricados por el aparato estatal.

El equipo jurídico de la compañía sostiene que las acciones legales iniciadas en la entidad buscan presionar a la empresa derivado de conflictos administrativos previos relacionados con proyectos energéticos. Según los representantes legales, este uso de las instituciones locales para fines de hostigamiento constituye una violación a los derechos fundamentales de la empresa y de sus directivos, por lo que solicitaron la intervención de la autoridad federal para garantizar un proceso imparcial.

La denuncia ante la FGR busca que se investiguen posibles abusos de autoridad y la presunta fabricación de pruebas que, según los denunciantes, han sido empleadas para mantener un clima de acoso judicial durante los últimos meses. La defensa de Next Energy enfatizó que estas acciones han afectado gravemente la operación y reputación de la empresa en la región, solicitando el cese inmediato de lo que denominan una estrategia de intimidación.

Hasta el momento, el gobierno de Aguascalientes no ha emitido una postura oficial sobre la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público Federal. La empresa ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades federales y aportar la documentación necesaria para desestimar las acusaciones estatales que consideran carentes de sustento jurídico.

El caso se suma a la lista de disputas legales que involucran a empresas energéticas y gobiernos estatales en México, donde la intervención de la FGR se vuelve determinante para deslindar responsabilidades. La representación legal de Maiz confía en que la investigación federal permitirá aclarar la legitimidad de las carpetas de investigación y frenar lo que consideran un uso indebido de los recursos judiciales del estado.